El presidente nacional de Cotelco, Gustavo Toro Velásquez, informó en el marco del Congreso Nacional de Hotelería que se desarrolla en Cartagena, que el gremio ya tiene lista la propuesta de reforma de la Ley Nacional de Turismo, la cual será presentada al Congreso de la República.
Señaló que las modificaciones propuestas a la normativa, que en su juicio favorecerán la competitividad del sector turístico colombiana, se dividen en tres grandes componentes como son el papel de las entidades territoriales en el desarrollo del turismo; reformas al Fondo Nacional de Turismo (Fontur) y el manejo de los recursos parafiscales, y la operatividad de la industria.
En el caso del primer pilar, sostuvo el dirigente gremial que en las regiones y en particular de los mandatarios municipales, no existe un compromiso serio frente al desarrollo del turismo, hecho que se ve reflejado en la baja participación que tiene como rubro dentro de los presupuestos de Gobierno que los alcaldes y gobernadores destinan para este frente.
“Es lamentable ver cuán indiferentes han sido los alcaldes y gobernadores frente al tema; siguen esperando que sea la Nación la que solucione los problemas del sector y que el turismo se dé por sí solo. Entendemos que el Estado no puede, ni debe, entrar a reemplazar el trabajo que les corresponde a los gobiernos locales para el impulso del turismo en sus regiones. Los recursos destinados, dentro del presupuesto regional, para el turismo y su crecimiento, son mínimos o nulos y no permiten ejecuciones de fondo, ni resultados que generen impacto”, expresó.
Adicional a esto, propone Cotelco que en esta área se construya un mapa turístico en donde estén definidas las zonas con vocación turística del país, el cual será elaborado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; con el fin de direccionar mejor los recursos que en este sector destina el Estado. También planteó la necesidad de crear Planes Maestros de Turismo, los cuales deben estar alineados con los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios, “de tal forma que el crecimiento de la industria del turismo ocurra de forma organizada y progresiva minimizando los impactos de la operación del sector”.
En cuanto a Fontur, solicitan que el fondo regrese a su modelo inicial contemplado en la ley 300, para que los gremios administren los recursos como legítimos representantes de los empresarios, tal como pasa con el Fondo Nacional del Café, el Fondo Nacional Ganadero o el Fondo Nacional Porcicultor, entre otros.
“Este proceso de administración deberá darse a través de una licitación pública que estará a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en donde solo podrán participar los gremios del sector interesados en el proceso. Así las cosas el fondo manejará los recursos parafiscales como se hacía en el pasado y en el caso de los recursos fiscales, el manejo se hará a través de un contrato que se firme con el Ministerio, lo que consideramos de gran ayuda para esa cartera porque se establecerá que los recursos quedarán ejecutados, para fines presupuestales, una vez se contraten con el administrador del fondo sin que sea aplicable el principio de anualidad”, explicó.
Finalmente, en lo relacionado a la operatividad de la industria, el gremio propone varias acciones focalizadas en atacar la informalidad y las prácticas inadecuadas que afectan la imagen del turismo formal en Colombia.
Dentro de las medidas contempladas está que en las futuras sanciones impuestas a la empresa, también recaiga la infracción contra el representante legal y que sea Confecámaras la entidad encargada de llevar un registro de las sanciones evitando que puedan sacar nuevos registros.
“Esto aplicará por 3 años desde la última sanción impuesta de manera que se evite que estas personas inescrupulosas continúen engañando a los turistas”, expuso Toro Velásquez, quien además aseveró que lo anterior requiere un replanteamiento sobre la utilidad del Registro Nacional del Turismo.
En esa misma línea, afirmó que las sanciones por incumplimiento de normas turísticas no sólo debe cobijar a los prestadores de servicios turísticos, sino también a los alcaldes, debido a que estos deben hacer cumplir con su deber de control y cierre establecido desde la Ley 300 de 1996.
“Consideramos que se deben imponer sanciones más fuertes a los mandatarios municipales que hagan caso omiso a las órdenes de cierre de establecimientos informales, calificando esta actitud como una falta gravísima de acuerdo con el Código Único Disciplinario”, recalcó.
Otros aspectos que también estarán incorporados en el proyecto está la eliminación del cobro de IVA a extranjeros por alojamiento y que el Estado dé a las personas naturales posibilidad de deducir del impuesto de renta, los pagos que hagan por alojamiento formal y esto quede demostrados con la correspondiente factura.
